La Justicia condena a la Seguridad Social a pagar una pensión a un trabajador al que le negó la incapacidad permanente. Un conductor de camiones de una explotación minera de carbón solicitó la incapacidad permanente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al agravarse una enfermedad visual que padecía. La institución denegó su petición al considerar que sus lesiones “no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”.

El trabajador procedió a demandar al INSS, que quedó absuelto en una primera sentencia. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León –ante el recurso planteado por el conductor– le ha reconocido la incapacidad permanente total derivada de su enfermedad y condena a la Seguridad Social a pagarle la pensión vitalicia que le corresponde.

Carlos (nombre ficticio) fue durante 18 años conductor de camiones autovolquete en explotaciones mineras de carbón a cielo abierto. Su trabajo consistía en utilizar y conducir maquinaria pesada. Para el ejercicio de sus funciones, era fundamental la capacidad de realizar movimientos de grandes volúmenes de materiales y para ello, se requería agudeza visual.

Al ver reducidas sus capacidades visuales, en 2016 comenzó los trámites para conseguir el expediente de declaración de incapacidad permanente. El equipo de valoraciones médicas reconoce la diabetes y la retinopatía en un grado moderado-severo en ambos ojos, sin embargo, el INSS no acepta su petición al considerar que sus lesiones “no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral como para ser constitutivas de incapacidad permanente”, según la sentencia.

Un informe del Servicio de Oftalmología del Hospital El Bierzo –posterior a la primera sentencia– recoge que el conductor padece una “retinopatía diabética bilateral irreversible”, es decir, una deficiencia visual en ambos ojos “con empeoramiento progresivo” provocada por la diabetes. Además, en él se demuestra el avance constante de su pérdida de visión debido al mal control metabólico de su enfermedad.

El tribunal reconoce que la profesión de Carlos –oficial de primera conductor de camión-dumper– exige una “especial agudeza visual para la conducción, lo que justifica el reconocimiento de una incapacidad permanente total”. Además, condena al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a pagarle una pensión vitalicia del 55% de su sueldo más las mejoras y revalorizaciones legales que procedan.

Fuente: https://www.eldiario.es/

Considerando que en la carretera siempre existe el riesgo, ya que no todo depende de uno mismo, sino también del resto de conductores y de su comportamiento sobre la carretera, debemos tener siempre un buen seguro contratado que pueda cubrir cualquier incidente que le suceda al vehículo.

Tanto seguros de coche como seguros para moto son imprescindibles si tenemos un vehículo de este tipo. Teniendo un seguro nos ahorraremos cualquier gasto por desperfectos, por cualquier golpe, roce o accidente.

Así pues, hemos de contratar obligatoriamente un seguro para nuestro medio de transporte usual. Son muchas las personas que hacen un uso diario de un coche, pero debido a las dificultades sobre las que nos pone el tráfico y sobre todo, el aparcamiento, es cada vez más gente la que opta por comprarse una moto y hacer uso de ésta.

Es así como, exponencialmente ha ido creciendo el número de motos que circulan por las ciudades, pueblos, y carreteras en general, puesto que llevando una moto tendremos todo mucho más fácil. En primer lugar una moto no es tan aparatosa como un coche, y por ende, ocupa mucho menos.

La cuestión del tamaño es altamente importante, considerando que una moto ocupa mucho menos que un coche, y de este modo podremos aparcarla en prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, cuando vamos con el coche, muchas veces acabamos por desesperarnos ya que no encontramos ningún hueco para aparcar.

Extracto de: https://www.axarquiaplus.es/

La nueva normativa de protección de datos también ha llegado a las comunidades de propietarios, que deben revisar su videovigilancia o el tratamiento de los datos de los propietarios, entre otros asuntos.

Convivir en una comunidad de propietarios implica un tratamiento seguro de los datos por parte de los responsables -la propia comunidad- y de los encargados de dicho tratamiento -administradores de fincas-. En concreto, debe haber un mantenimiento seguro o una protección “blindada” de los datos de los propietarios.

Además, colocar una cámara de videovigilancia en un garaje privado requiere de un contrato obligatorio. Asimismo, difundir en un tablero información relativa a consumos energéticos puede implicar una sanción, mientras que no es posible ceder a terceros las direcciones de correo de un miembro de la junta.

Los tribunales españoles han puesto luz a estas obligaciones legales con varios ejemplos de la realidad jurídica sobre algunos problemas prácticos en la gestión de las comunidades y la pertinente aplicación del nuevo reglamento de protección de datos (RGPD).

 

Fuente: http://www.expansion.com/